El envejecimiento progresivo de la población en el país demanda un mayor esfuerzo del Estado, como “garante de derechos”, en la priorización de la Protección Social Integral para todos los mayores de 60 años, con el fin de mejorar su calidad de vida y para que alcancen una vejez digna, activa y satisfactoria.
Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), el aumento de la población adulta en el mundo es el reflejo del incremento de la esperanza de vida, dado por el éxito de las políticas de salud pública pero también vinculada con los cambios demográficos (menores tasas de natalidad).
Una población con edades avanzadas se constituye en un gran reto para las sociedades y los Estados, quienes deben cambiar las formas de ver y abordar la vejez.
El mejorar las condiciones de vida en entornos salubres, el promover conductas sanas (actividad física, nutrición) y la participación para el ejercicio de los derechos, el garantizar servicios de salud y la protección social integral a lo largo de la vida, posibilita que se llegue a la vejez con más bienestar, menos discapacidad y siendo mucho más productivos.
En este marco, es necesario que las políticas públicas para las personas de edad se constituyan en mecanismos contundentes para la garantía de derechos, que posibiliten el acceso eficaz “a los diferentes servicios y beneficios sociales y económicos”, como lo plantea Sandra Huenchuan de la CEPAL (2011) y que reconozcan el envejecimiento como una condición individual y diferenciada entre hombres y mujeres (perspectiva de género).
En este tema de derechos hay un avance importante a nivel internacional, con la aprobación en 2015 de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores en la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuya ratificación hasta ahora la han realizado Bolivia, Chile, Uruguay y recientemente Costa Rica.
En las últimas dos décadas, Colombia ha tomado mayor conciencia de los retos que trae para el país una población envejecida y ha empezado a mejorar el tema de política pública dirigida a las personas adultas mayores. No obstante, las desigualdades sociales y económicas, la violencia y los imaginarios negativos frente a la vejez, dificultan que se garanticen plenamente los derechos de este colectivo.
Según la Fundación Saldarriaga Concha (2015), la población de personas de edad crece y se concentra en mayor proporción en grandes cascos urbanos, como los son: Bogotá, Medellín, Manizales, Pereira, Tunja y Bucaramanga. Ante lo cual, recomienda que el tema de la vejez y envejecimiento sea prioritario en la agenda pública del gobierno nacional y de los gobernantes locales; como también debe ser de interés para la sociedad en general.
“Se calcula que para el año 2050, la población mundial de mayores de 60 años se habrá duplicado, de 900 millones en 2015 a unos 2000 millones”. Organización Mundial de la Salud, OMS.
El reto de ser persona mayor en Colombia
Colombia cuenta con una población proyectada por el DANE de 49.344.518, de los cuales 5.700.000 son personas mayores de 65 años. Para el 2020 habrá 2 mayores por cada adolescente menor de 15 años, mientras que la esperanza de vida se proyecta para el 2030 en 77.73 años, según la División de Población de las Naciones Unidas (2015).
Según Saldarriaga Concha, el 72% de los mayores no pueden acceder a centros especializados ni a cuidados y solo el 28% realiza actividad física para preservar la salud.
En el 2015, el Ministerio de Salud y la Protección Social llevó a cabo la encuesta Salud, Bienestar y Envejecimiento (SABE) en 32 departamentos, encuestando a más de 30 mil hombres y mujeres mayores de 60 años en todo el país. Estos datos arrojan elementos importantes para la revisión, diseño e implementación de la política pública para el mejoramiento de la calidad de vida de los mayores en el país.
Hay una prevalencia de ver el envejecimiento como negativo (fragilidad, dependencia o discriminación), el 78,1% viven en zona urbana, 46,8% pertenecen al régimen subsidiado de salud, el 12.9% reportó haber sufrido maltrato (más frecuente en mujeres). A nivel funcionalidad, el 79% de la población es independiente en sus actividades de la vida diaria (AVD) básicas y el 62% son independientes en las instrumentales.
Los jóvenes y adultos se preparan muy poco para la vejez, lo que unido a la precariedad de las condiciones del mercado de trabajo colombiano hace que, solo el 25% de los adultos mayores alcancen a recibir una pensión contributiva y de esta cifra solo el 11.9% son de zona rural.
La mayor parte de los pensionados de los estratos 1, 2 y 3 reciben mesadas que no superan los dos salarios mínimos legales vigentes. Esta situación de inseguridad económica en la vejez, hace que muchas personas de edad deban trabajar para garantizar su subsistencia.
Es así como en el 2003, nace el Programa Colombia Mayor con el objetivo de brindar un soporte económico a los adultos mayores que habiten en calle, vivan de la caridad pública, residan en un centro de Bienestar, sean de estratos 1 y 2 o indígenas de escasos recursos.
A la fecha, el Programa Adulto Mayor cuenta con una cobertura de un millón 500 mil personas, en 1.103 municipios y 3 inspecciones departamentales.
A través de este programa, el gobierno nacional pretende dar una cobertura universal focalizada en la población vulnerable, que significaría una vinculación cercana a los 2 millones 400 mil adultos mayores. Según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), la implementación de este programa en el país ayudó a reducir especialmente la pobreza rural en 20,6%.
En este panorama, la política pública del país debe afrontar el envejecimiento demográfico de manera integral (social, económica y cultural) y mediante planes que aborden todo el transcurrir de vida y preparen a la población para el momento de la vejez, en temas de educación, participación, cultura del ahorro, hábitos de vida saludable, cotización pensional, entre otros.
Colombia debe reconocer a los mayores no solo como sujetos de especial protección sino también como población determinante para mejorar las condiciones de desarrollo del país.
Hoy se requiere destinar más presupuesto a los planes y programas para la vejez, con el fin de ampliar coberturas, mejorar los servicios y facilitar progresivamente el acceso universal de todos los mayores a los servicios o beneficios que ofrece el Estado, de tal manera que cumpla realmente con sus obligaciones como garante de derechos.
Para mejorar la calidad de vida deEn este ámbito de Cajas y conforme a lo previsto en el artículo 46 de la Constitución Política de Colombia, Compensar trabaja fuerte y constante en la búsqueda del desarrollo y participación de los afiliados mayores de 60 años, mediante una amplia oferta de servicios de bienestar que procuran un envejecimiento activo, satisfactorio y saludable.
El programa de persona mayor de la Caja implementa planes y acciones integrales que dan respuesta a las necesidades individuales y sociales de los mayores afiliados, para que sigan siendo personas autónomas, independientes y activas a medida que envejecen (vivir más en mejores condiciones). Los mayores pueden participar en actividades de armonización física y cognitiva, promoción de hábitos saludables, aprovechamiento del tiempo libre, integración y fortalecimiento de los vínculos con pares, desarrollo personal y esparcimiento.
Maltrato y abandono en la tercera edad
El tipo de maltrato en adultos mayores que más ha registrado la OMS en diferentes países, gira en torno a la violencia física, sexual, psicológica y económica. Según Medicina Legal, el mayor índice de violencia contra los mayores en Colombia se presenta en el contexto intrafamiliar pero con un bajo reporte a medida que avanza la edad y un alto nivel de sub registro de las situaciones que se presentan.
Para atender esta situación, el pasado 19 de julio se sancionó la Ley 1850 de 2017, que establece medidas de protección a la persona adulta mayor y penaliza el maltrato intrafamiliar por abandono, entre otras disposiciones.
Por último, el Presidente de la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría, Robinson Cuadros Cuadros, en su más reciente artículo ‘Maltrato y vejez’ plantea la “necesidad de acciones efectivas en justicia, solidaridad y apoyo que restituyan los derechos y dignifiquen a las personas mayores en todo el curso de vida”.
